Por Miguel Corzo Fajardo
Cumpliendo diez años del asesinato a sangre fría del menor Nicolás David Neira Álvarez por parte del ESMAD de la policía durante la tradicional marcha del Día del Trabajador en Bogotá, vale la pena preguntarse cuántas víctimas más dejará el brazo represivo legal e ilegal del Estado, mientras gran parte de la sociedad pasa inadvertida frente al abuso de autoridad de los lacayos del poder en un circuito de complicidad e impunidad. Pero él no está muerto, ni tampoco Carlos Giovanni Blanco, Jaime Alfonso Acosta, Jhonny Silva Aranguren, Belisario Camayo Guetoto, Óscar Leonardo Salas, ni las miles de víctimas que ha cobrado el fenómeno represivo y paramilitar promovido por la ultraderecha colombiana, porque sus familias y sus amigos, seguirán dejando evidencias en la memoria colectiva, de que el terrorismo también es ejercido en las altas esferas y pagado con nuestros impuestos.
Y es que estos verdugos que operan desde 1999 sin identificaciones individuales, fueron creados mediante la Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de aquel año, en el marco de los llamados Convenios de Modernización de la Policía Nacional y del Plan Colombia con Estados Unidos, reuniendo doscientos patrulleros, ochos suboficiales y nueve oficiales. Actualmente, suman en total 1.950 efectivos en doce ciudades del país gastando un presupuesto anual superior a los 300 millones de pesos; desde su gestación, han causado muerte, tortura, desapariciones forzadas y graves lesiones físicas y sicológicas a personas en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta, empleando armas, métodos y artefactos prohibidos internacionalmente, negando y encubriendo los hechos, pese a existir testimonios y dictámenes legales que lo prueban. “El ESMAD, de forma sistemática, ha dejado muerte en Bogotá, Bucaramanga, Cali y el departamento del Cauca, y en muchas de las protestas en las que ha intervenido se ha evidenciado cómo sus miembros usan municiones recalzadas y otras armas hechizas contra civiles. Además, ningún agente ha sido sometido a pruebas forenses cuando se ha visto involucrada.” Nunca se ha individualizado ni judicializado a los responsables de estas situaciones, asegura la Agencia de Prensa Rural.
Es por eso que los representantes de las víctimas anualmente se movilizan contra la brutalidad policial y los crímenes de Estado exigiendo justicia y el desmonte del Escuadrón Móvil Anti Disturbios, como lo hicieron el pasado 24 de febrero de este año, en rechazo, una vez más, de las prácticas violentas y criminales de la fuerza pública, la cual debería, contrario a su proceder, garantizar la seguridad y protección de los colombianos. Es por la memoria de las víctimas, por no permitir que se quede en el olvido lo que ha ocurrido, por reivindicar su dignidad como seres humanos, que personas como Yuri Neira, padre de Nicolás, sigue y seguirá siendo símbolo de resistencia frente a la impunidad, porque como en su caso, el esclarecimiento de la muerte de su hijo sigue sin determinarse, luego de la absolución del Mayor Julio César Torrijos Devia y el Subintendente Edgar Fontal Cornejo, por parte del Procurador Alejandro Ordóñez, quien los restituyó como miembros de la Policía Nacional seis meses después de haber sido destituidos por su responsabilidad aquel 1 de mayo de 2005. Sin embargo, como muestra de la calidad delictiva y corrupta de esta ralea, Torrijos está preso desde 2011, cuando fue capturado en el departamento de Caquetá transportando 103 kilogramos de cocaína en su vehículo; todo un criminal.
Por la memoria, la verdad, la justicia y contra la impunidad, ni un minuto de silencio.
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