El gran apagón cultural: la «contrarrevolución» que desmantela la memoria colectiva

Quienes llevamos más de dos décadas recorriendo los circuitos de la música independiente y la gestión cultural en Colombia sabemos que el sector siempre ha operado bajo una fragilidad crónica. Sin embargo, lo que se vive bajo la actual administración del presidente Abelardo de la Espriella y su ministra de Cultura, Paola Holguín, no es otra crisis de desfinanciamiento común: es una «contrarrevolución cultural» deliberada, un apagón cultural que avanza de frente contra la diversidad, la memoria histórica y los pilares de la institucionalidad artística del país.

Bajo la narrativa oficial de combatir el «wokismo» (término que en el debate político actual, suele ser utilizado de forma peyorativa por sectores conservadores para criticar lo que consideran un exceso de corrección política, identidad de género y activismo progresista en las instituciones, la cultura y la educación) y erradicar supuestas «odas al terrorismo», el Gobierno ha desatado una purga institucional. En las últimas semanas, las alarmas pasaron de los pasillos burocráticos a las calles, detonando plantones ciudadanos, acciones judiciales y un rechazo unánime del sector académico y artístico. El panorama actual expone el desmantelamiento de cuatro frentes neurálgicos para la cultura colombiana.

1. El Museo Nacional: Una curaduría mutilada por decreto

La estocada más visible ocurrió en el Museo Nacional de Colombia, donde por orden presidencial se desmontaron más de 30 piezas históricas, carteles, fotografías y objetos relacionados con los movimientos LGBTIQ+, las reivindicaciones feministas, el proceso de paz de 2016 y las víctimas de la violencia política. La iconoclasia oficial arrasó con obras de figuras del calibre de Antonio Caro y Luis Caballero. Incluso se retiraron del guion museográfico elementos tan diversos como el brazalete del M-19 y la camiseta con la que Lucho Herrera ganó la Vuelta a España en 1987.

La reacción institucional no se hizo esperar:

• Protestas en el asfalto: Profesores de historia, arte y antropología de universidades como la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia sacaron sus aulas a la calle para dictar clases frente al museo, rechazando la censura ideológica.
• Freno judicial: Ante la gravedad de la mutilación patrimonial, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y dictó una medida cautelar ordenando al Ministerio y al Museo preservar intactas las piezas retiradas y frenar nuevas intervenciones. El fallo recordó que las expresiones asociadas a la memoria histórica y la reparación simbólica gozan de protección constitucional reforzada.

2. El Instituto Caro y Cuervo: Del rigor académico al púlpito moral

El Instituto Caro y Cuervo, históricamente blindado por el rigor filológico y lingüístico, ha sido convertido en un escenario de doctrina personal. Su nuevo director, Sergio Esteban Vélez —nombrado por la ministra Holguín—, causó indignación nacional al utilizar los canales oficiales de la institución para difundir juicios de valor morales y religiosos sobre autores icónicos de la literatura colombiana.

Vélez redujo la trascendencia de Gonzalo Arango a un supuesto arrepentimiento de su rebeldía ante Dios y despachó la obra de Andrés Caicedo juzgando de manera dogmática su suicidio. Más de 100 egresados y estudiantes de posgrado firmaron cartas públicas exigiendo el respeto al carácter laico e institucional del instituto. El reclamo es contundente: el Caro y Cuervo debe ser la «casa de las palabras» donde quepan todas las posturas, no un fortín para librar cruzadas contra el «marxismo cultural».

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3. La Biblioteca Nacional: Lógica corporativa contra la lectura rural

La designación en la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia de Julia Cristina Daza Noguera —una comunicadora social sin experiencia en bibliotecología ni en el sector cultural— marca la pauta de la gestión actual. Bajo su administración, el enfoque social e histórico ha sido desplazado por una visión de eficiencia corporativa que pone en riesgo programas fundamentales de descentralización, como la Red de Bibliotecas Rurales Itinerantes (BRI).

Expertos y extrabajadores de la entidad advierten que el valor de una biblioteca pública en comunidades marginadas o en zonas de conflicto armado no se puede medir bajo indicadores de rentabilidad financiera o empresarial. Como respuesta, el sector del libro y colectivos editoriales convocaron plantones masivos frente a la sede de la biblioteca para defender planes esenciales de lectura y oralidad que hoy se encuentran suspendidos o amenazados.

4. Asfixia presupuestal: Convocatorias canceladas y promesas rotas

La política de fomento a las artes mediante el mérito y jurados externos ha sufrido el peor retroceso en casi tres décadas. Amparándose en un déficit y en deudas acumuladas del Plan Anual de Caja (PAC) que ascienden a más de $185.482 millones, la ministra Paola Holguín tomó medidas drásticas que han dejado al borde del colapso a miles de creadores independientes:

• Suspensión de Estímulos: A través de la Resolución 1887 de septiembre de 2026, el Ministerio suspendió las modalidades de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos, rompiendo una tradición institucional de 27 años de asignaciones transparentes.
• Aparcamiento de Concertación: Mediante la Resolución 0607, el Programa Nacional de Concertación Cultural —del cual dependen financieramente carnavales, festivales independientes y más de 3.000 proyectos locales en 662 municipios— fue postergado para el primer bimestre de 2027.

Esta parálisis financiera no es solo un asunto de balances contables; es un corte de raíz a los recursos públicos destinados a democratizar el acceso a la cultura en los territorios colombianos.

La trinchera civil: Cómo defendernos de esta avalancha

Ante una ofensiva de tal magnitud, las marchas y los plantones en el asfalto son indispensables, pero insuficientes. La contención de esta política oficial exige pasar de la indignación reactiva a la organización estratégica. Para defendernos de este desmantelamiento ideológico, el sector debe activar mecanismos de resistencia jurídica, académica y comunitaria:

• El contraataque legal y litigio estratégico: La admisión de la tutela en el caso del Museo Nacional fijó el camino. Colectivos y fundaciones deben multiplicar las acciones de tutela por violación al derecho a la cultura y la libre expresión. Paralelamente, es urgente constituir veedurías ciudadanas formales ante las personerías para auditar con lupa los $185.482 millones del PAC y usar acciones populares que frenen el deterioro patrimonial en la Biblioteca Nacional.
• La academia como escudo y memoria: Las universidades no pueden limitarse a emitir comunicados. Es hora de crear observatorios permanentes de libertad artística para documentar la censura del Caro y Cuervo y denunciarla ante organismos internacionales. Si el Estado purga los museos, los campus universitarios y los laboratorios de investigación deben convertirse en los nuevos custodios y archivos de la memoria histórica excluida, mientras sus clínicas jurídicas cobijan y asesoran legalmente a los creadores desamparados por el Ministerio.
• Autogestión y desacato cultural: Las asociaciones y fundaciones independientes necesitan romper la dependencia total de la billetera estatal. Fortalecer fondos de micro financiación (crowdfunding) y tejer alianzas directas con la cooperación internacional es vital para la supervivencia. Asimismo, se deben multiplicar los festivales itinerantes, exposiciones comunitarias y circuitos subterráneos en espacios autogestionados —lejos del alcance burocrático— declarándolos «zonas libres de censura». La agremiación en bloque debe servir también para boicotear de manera coordinada aquellos eventos donde el Gobierno pretenda imponer exclusión ideológica.
• El consumo cultural como acto militante: Como individuos, la respuesta es el apoyo radical a la base. Comprar discos y/o merchandising de artistas independientes, asistir a salas de conciertos y teatro autogestionadas, financiar editoriales comunitarias y viralizar el trabajo de creadores locales en redes independientes es un acto de resistencia. La memoria colectiva no le pertenece en exclusiva a las cuatro paredes de un museo estatal; reside en la documentación comunitaria, en el registro autogestionado de los territorios y en la tradición oral de la gente.

Apagón Cultural en Colombia: Un balance crítico

Mutilar los museos, utilizar las cuentas académicas del Estado como púlpitos morales, condicionar la imagen del país en ferias internacionales bajo lemas ideológicos (como la imposición del diseño «La Patria Milagro» para el stand de la Feria de Fráncfort) y congelar las convocatorias públicas configuran un panorama desolador. No se está protegiendo al patrimonio; se está silenciando la pluralidad constitutiva de la nación colombiana. La cultura independiente, que resistió a la violencia en las regiones con guitarras, ideas y libros, se enfrenta hoy a una burocracia que confunde la gestión pública con la censura de Estado. La respuesta no puede ser el silencio; la defensa de nuestras libertades artísticas se libra ahora en cada partitura, cada demanda judicial y cada espacio independiente que se mantenga en pie.